España se gasta en julio todo el dinero que llegará de Europa para desempleo

La factura económica del desempleo continúa creciendo. Y aunque el ritmo se ha desacelerado respecto del segundo trimestre del año, cuando la economía sufría severas restricciones, lo cierto es que España ya se ha comido el dinero que llegará de Europa para financiar la cobertura del paro.

En concreto, en los siete primeros meses del año, el SEPE ha reconocido prestaciones por valor de 23.359 millones de euros. Es decir, por encima de los 21.300 millones que la Comisión Europea ha propuesto asignar a España —por medio de un préstamo— en el marco del llamado programa SURE, destinado a financiar el coste de los ERTE y de las prestaciones extraordinarias para autónomos.

La causa de este desbordamiento del gasto tiene que ver con la persistencia del paro, independientemente de si se trata de trabajadores despedidos o, por el contrario, se encuentran acogidos a un expediente de regulación temporal de empleo. En la actualidad, hay 527.851 afiliados menos a la Seguridad Social que hace un año y algo más de 812.000 trabajadores en ERTE.

Los datos conocidos este miércoles muestran que 3,24 millones de trabajadores cobran alguna prestación económica a cargo de los servicios públicos de empleo, lo que ha elevado la cobertura hasta el 91%. De ellos, el 65% corresponde a prestaciones contributivas y el resto a diferentes modalidades (subsidio, renta activa de inserción o eventuales agrarios).

Esto significa, ni más ni menos, que el SEPE paga hoy más prestaciones que nunca, lo que explica el fuerte aumento del gasto. La cifra más alta de beneficiarios se registró en la anterior crisis en 2010, cuando 3,04 millones de trabajadores llegaron a cobrar alguna prestación. La recuperación iniciada en 2014 redujo a la mitad el número de beneficiarios, pero el covid-19 ha pulverizado todos los récords, hasta el punto de que en julio ha crecido un 72% respecto de hace un año.

En mayo, incluso, en pleno confinamiento, aunque fuera parcial durante algunas semanas, el número de beneficiarios alcanzó un récord histórico: 4,94 millones, llegándose a dar la paradoja de que había más parados que cobraban una paga que desempleados, lo que se debe a que la cobertura incluye a quienes están en ERTE, a quienes el SEPE no considera parados. Desde entonces, 1,4 millones de trabajadores han dejado de ser beneficiarios por haber regresado a su puesto de trabajo.

Es previsible, sin embargo, que la factura siga desacelerándose en los próximos meses en la medida en que se vaya recobrando la actividad, pero aun así, el año finalizará con el mayor aumento del gasto en prestaciones de las series históricas. En 2014, al comienzo de la anterior recuperación, el gasto en desempleo llegó a ascender a 27.664 millones de euros, pero en 2019, según el avance de liquidación, bajó hasta los 18.701 millones.

Ahora, por el contrario, sucede lo opuesto. El Gobierno, por el momento, no ha revelado sus previsiones de gasto en esta partida para este año. Sin embargo, el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas en abril da algunas pistas.

Según las previsiones de la vicepresidenta Calviño, la tasa de desempleo aumentará durante la primera parte del año 2020 de forma relevante. Alcanzará el 19% en el conjunto del año y se irá reduciendo progresivamente a partir de la segunda parte de año 2020, hasta cifras cercanas al 17% en 2021. Es decir, el desempleo se situará este año cinco puntos por encima de 2019, y eso, lógicamente, pasa factura a las cuentas públicas.

30 de septiembre
La cifra final, lógicamente, dependerá de la evolución de la pandemia y de la marcha de la economía, pero también de decisiones que aún debe tomar el Gobierno, como la extensión de los ERTE más allá del 30 de septiembre, que es la fecha límite pactada con sindicatos y empresarios.

No hay ninguna duda de que ese plazo se prologará, lo que no está tan claro es en qué condiciones. Entre otras cosas, porque depende de las negociaciones con UGT, CCOO, CEOE y Cepyme, que se reunirán este viernes en Palma de Mallorca con el Gobierno para encontrar una salida. Hay que tener en cuenta que a finales de agosto todavía quedaba uno de cada cuatro trabajadores que llegaron a acogerse al abrigo de la suspensión temporal de empleo. En total, 812.438 ocupados.

Estos cobran como media 791,7 euros mensuales, pero hay que añadir a quienes pueden sufrir la pérdida de empleo. Además, no hay que olvidar que el Gobierno está negociando con sindicatos y empresarios que los trabajadores despedidos a partir de la declaración del estado de alarma (14 de marzo), y que no pudieron buscar un empleo porque el país estaba cerrado, puedan cobrar un subsidio extraordinario de seis meses, lo que supondría un gasto adicional para el Estado. Sin contar el hecho de que los trabajadores en ERTE no consumen desempleo, por lo que es un pasivo contingente exigible en el futuro.

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