Adiós a las esteladas: el Supremo prohíbe colgar banderas no oficiales en los edificios públicos

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia contra el uso de banderas no oficiales en los edificios pertenecientes a las Administraciones Públicas. Los magistrados del alto tribunal fijan como doctrina que mostrar un símbolo no oficial en los edificios y espacios públicos «no resulta compatible con el marco constitucional vigente y, en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas».

La sentencia ha sido dictaminada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en referencia a un suceso de estas características en la comunidad canaria, pero ello tendrá repercusión directa en todo el territorio nacional y, especialmente, en Cataluña, en el que las banderas independentistas aparecen por doquier en los edificios públicos.

Ni sustituyen ni complementan

El dictamen de los magistrados destaca que las banderas no oficiales no podrán ser exhibidas en ningún caso en las fachadas de sedes gubernamentales de cualquier nivel territorial. Es decir, que su uso está prohibido tanto si pretende ser «ocasional», como también en el caso de que «no sustituyan, sino que concurran con la bandera de España y las demás banderas legal o estatutariamente instituidas».

Este detalle es uno de los puntos clave de la sentencia del Supremo, ya que anteriormente los tribunales habían desestimado el recurso realizado contra el uso de un símbolo no oficial de cariz nacionalista en un edificio público por el lugar en el que se había emplazado.

Bandera nacionalista canaria

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reconoció, en 2016, la bandera nacional de Canarias –con siete estrellas verdes en el centro– como uno de los símbolos del pueblo canario y acordó que sería exhibida en un lugar destacado de la sede central del Consistorio. Se decidió colocarla en un mástil en la acera, frente al edificio, y la decisión fue llevada ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, que dictaminó que entraba dentro de la legalidad ya que fue «enarbolada en un lugar distinto del destinado a la colocación de las banderas oficiales, sin confusión alguna entre unas y otras». 

La Abogacía del Estado alzó el recurso al Supremo. En su escrito alegó que la enseña de las siete estrellas representaba al Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (lmpaiac), por lo que su colocación en el ayuntamiento era «contrario a la neutralidad de las decisiones de las autoridades municipales». El alto tribunal nacional le ha dado la razón: a este símbolo no puede «atribuírsele la representatividad del pueblo canario», por mucho que lo apruebe el Pleno del ayuntamiento.

Esteladas en Cataluña

Cataluña es una de las regiones en las que no es difícil ver símbolos no oficiales en las instituciones, debido a la apropiación que de ellos ha hecho el movimiento independentista. Durante el otoño de 2017, punto álgido del procés, diversas sedes públicas decidieron arriar esteladas tras el referéndum ilegal del 1-O, aunque aún hoy es común ver no solo estas banderas en edificios de la Administración –como ocurrió, por ejemplo, en la sede del Ayuntamiento de Barcelona en Les Corts–, sino también otros símbolos partidistas como pancartas y lazos amarillos.

El dictamen llega en un momento en el que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, espera conocer la sentencia del Supremo sobre su inhabilitación. El president fue reconocido como culpable de un delito de desobediencia por colgar en la fachada del Palau de la Generalitat una pancarta en la que pedía la libertad de los políticos secesionistas condenados por el 1-O, a pesar de que se le notificó en varias ocasiones que debía ser retirado por ser un símbolo «partidista«.

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